ࡱ>  9;./012345678q` 4bjbjqPqP 8n::ng@@@V;;;8N;:>|E>p2?@r?r?r?,A,A,AEEEEEEE$:IhK;E A A";Ejjr?r?PE&&&jr?j8r?E&E&&:4j=r?> ;$;D<fE0E;6RM%RM,=RM=,A P &ZZc,A,A,A;E;EY&j,A,A,AE!R(R(jjjjjj  Santiago, 01 de abril del ao 2008 PARA: Sr. Ramiro Mendoza Ziga, Contralor General de la Repblica. DE: Colegio de Arquitectos de Chile A.G. Comit de Defensa de Valparaso (CDV). Ciudadanos por Valparaso (CPV). Asociacin de Agentes de Naves de Chile (ASONAVE A.G.). Federacin de Trabajadores Portuarios de Valparaso (FETRAPOVAL). Federacin de Trabajadores Portuarios y Afines de Valparaso (FTP). Confederacin Nacional de Gentes de Mar (CONGEMAR). Corporacin Parque Cultural Ex Crcel de Valparaso. REF: Ingreso N 4116 de 28 de junio del ao 2007 ante el Consejo de Monumentos Nacionales sobre declaracin de Zona Tpica o Pintoresca de los Almacenes Fiscales de la ciudad de Valparaso. Decreto Supremo 453/ 2008 MINEDUC. MAT: En lo principal: declaracin de ilegalidad actuaciones que indica y responsabilidad administrativa. Primer otros: acompaa documentos. Segundo otros: ilegalidad Consejos Asesores Regionales. Tercer otros: inexcusabilidad. Cuarto otros: designa medio para actuaciones de trmite. Quinto otros: forma de notificaciones. Sexto otros: audiencia. Sr. Contralor General de la Repblica Juan Enrique Mastrantonio Freitas, Presidente del Consejo Regional del COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE A.G.; Claudio Leiva Araos, Presidente y en representacin de la Organizacin Comunitaria Funcional COMIT DE DEFENSA DE VALPARASO (CDV); Chantal de Remetera Durand, Presidente y en representacin de la Organizacin Comunitaria Funcional, CIUDADANOS POR VALPARASO (CPV); Carlos Manterota Carlson, Presidente y en representacin de la ASOCIACIN DE AGENTES DE NAVES DE CHILE (ASONAVE A.G.); Osvaldo Campaa Cuello, Presidente y en representacin de la FEDERACIN DE TRABAJADORES PORTUARIOS Y AFINES DE VALPARASO (FTP); Juan Daz Eschima, Presidente y en representacin de la FEDERACIN DE SINDICATOS DE TRABAJADORES PORTUARIOS DE VALPARASO Y QUINTA REGIN NORTE (FETRAPOVAL); Jorge Moiss Bustos Bustos, Presidente y en representacin de la CONFEDERACIN NACIONAL DE GENTES DE MAR (CONGEMAR); Francisco Marn Castro, Presidente y en representacin de la CORPORACIN PARQUE CULTURAL EX CRCEL DE VALPARASO; domiciliados todos para estos efectos en la ciudad y comuna de Valparaso calle Almirante Seoret N 70, oficinas 21 y 22, Edificio Capitana, telfonos de contacto (32)2226040 y (32)2219511, al Sr. Contralor General de la Repblica decimos: De conformidad a lo dispuesto en el DTO-2421/Hacienda que Fija el texto refundido de la Ley de Organizacin y Atribuciones de la Contralora General de la Repblica; ley 19.880 Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administracin del Estado-, ley 18.575 Bases de la Administracin del Estado-; ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales; DL 3.056/1979 que aprueba Convencin para la Proteccin del Patrimonio Mundial Cultural y Natural-; Acuerdo sesin 07 de marzo del ao 2001 del Consejo de Monumentos Nacionales que aprueba normas sobre Zonas Tpicas o Pintorescas-, art. 6 y 7 de la Constitucin Poltica del Estado, venimos en solicitar la declaracin de ilegalidad de las actuaciones que se sealarn respecto de la declaracin de Zona Tpica o Pintoresca de zona que incorpora los Almacenes Fiscales de la Armada y, en su caso, la persecucin de las responsabilidades administrativas y remisin de antecedentes al Ministerio Pblico y Consejo de Defensa del Estado para la persecucin de la responsabilidad penal, en mrito de los fundamentos que pasamos a exponer, a saber: I.- LEGITIMACIN ACTIVA Como es de vuestro conocimiento, la ley 19.880 es una ley de bases, al consagrar los principios rectores comunes, los que se establecen en los artculos 4 a 17, principios que deben aplicarse en todo procedimiento administrativo, e importan la derogacin de otra norma contraria a dichos principios generales. Las restantes disposiciones de la ley 19.880 desde los artculos 18 y siguientes regulan el procedimiento administrativo que es aplicable a todos los actos de la Administracin del Estado en defecto de disposiciones legales expresas, es decir, regulan el procedimiento de aplicacin subsidiaria cuyo objetivo es solucionar los vacos que el respectivo procedimiento en ley especial contemple, como certeramente lo ha dictaminado el organismo contralor de la legalidad de la Repblica. A su vez, de vuestro conocimiento que el art. 2 y 3 del Instructivo que establece normas Tpicas o Pintorescas del Consejo de Monumentos Nacionales indica el procedimiento para la declaratoria de un lugar o poblacin como tal, de conformidad a lo prescrito en los artculos 29 de la Ley de Monumentos Nacionales. En todo lo no regulado por dicho procedimiento rigen en plenitud las disposiciones de la ley 19.880, en cuanto procedimiento supletorio, conforme lo dispone el art. 1 y 2 de esta ltima legislacin. En consecuencia, conforme artculo 21 N 3 de la ley 19.880 que prescribe Se consideran interesados en el procedimiento administrativo: 1. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses individuales o colectivos, concurrimos los comparecientes en calidad de representantes de organizaciones de diversa naturaleza jurdica conforme a nuestro ordenamiento jurdico interno, a saber, organizaciones comunitarias, corporaciones, asociaciones gremiales y organizaciones sindicales, cuyos afiliados o asociados en todo o en parte son habitantes y trabajadores de la ciudad de Valparaso, y en consecuencia, con inters pblico colectivo en el derecho a la educacin a travs de la proteccin del carcter ambiental de los Almacenes Fiscales de la Armada, legitimados para iniciar este procedimiento ante el organismo contralor. Debe considerarse, que el inters que exige la ley 17.288 para la declaratoria de zona tpica o pintoresca es de carcter pblico, por lo que legitima a cualquier persona, incluso a quienes no residen en la ciudad de Valparaso para comparecer en calidad de parte interesada a este procedimiento. II.- RGANO ADMINISTRATIVO ANTE QUIEN SE COMPARECE. La Contralora General de la Repblica es un rgano constitucionalmente autnomo que desempea diversas funciones que el Ordenamiento Jurdico le ha encargado para el fortalecimiento del Estado de Derecho y que estn destinadas, entre otras, a hacer respetar el principio de juridicidad, siendo sta su funcin principal y por excelencia. Esta funcin se cumple de dos formas: mediante la emisin de pronunciamientos jurdicos obligatorios para la Administracin del Estado -dictmenes y oficios que conforman la llamada Jurisprudencia Administrativa-, y a travs del control de las rdenes formales emanadas de la Administracin activa, control que puede ser preventivo, simultneo o a posteriori. Es necesario tener en cuenta que todas las funciones de la Contralora General de la Repblica en ltimo trmino son funciones jurdicas, pues estn destinadas a cautelar el principio de legalidad, esto es, a verificar que los rganos de la Administracin del Estado acten dentro del mbito de sus atribuciones y con sujecin a los procedimientos que la ley contempla. En consecuencia, es la Contralora General de la Repblica el rgano encargado de pronunciarse acerca de la ilegalidad de las actuaciones de funcionarios de distintos rganos del Estado que han intervenido en la declaracin del rea donde se ubican los cuatro Almacenes Fiscales de la Armada de Chile en la ciudad de Valparaso como zona tpica o pintoresca mediante Decreto Supremo, as como respecto de la responsabilidad administrativa que cupiere a quienes son autoridades y funcionarios pblicos. III.- ANTECEDENTES. Mediante Ingreso N 4116 de 28 de junio del ao 2007 la Municipalidad de Valparaso solicit al Consejo de Monumentos Nacionales la declaracin de Monumento Nacional en la categora de Zona Tpica o Pintoresca del sector donde se ubican los cuatro Almacenes Fiscales de la Armada de Chile en la ciudad de Valparaso. El Consejo de Monumentos Nacionales mediante acuerdo sesin ordinaria de 11 de julio del ao 2007 se pronunci aprobando la solicitud de ampliacin de la Zona Tpica del rea Histrica de Valparaso, hacia el sector del barrio puerto, desde la Plaza Sotomayor, incorporando la Avenida Errzuriz y el entorno de la Plaza Aduana, continuando por la Avenida Antonio Varas hasta incorporar los cuatro edificios correspondientes a los Almacenes Fiscales, en extremo notables. Antes que el Consejo de Monumentos Nacionales solicitara la dictacin del Decreto Supremo exento respectivo respecto de la aprobacin de fecha 11 de julio, recibi la solicitud de Empresa Portuaria Valparaso de excluir los cuatro Almacenes Fiscales, incluso as le fue solicitado a la Ministro de Educacin, en razn de los planes de expansin del puerto y los supuestos efectos adversos en el trabajo portuario en trminos de cesanta. En efecto, Empresa Portuaria Valparaso y el Comit de Sistema de Empresas Pblicas han promovido la destruccin total o parcial de los Almacenes Fiscales de la Armada de Chile sosteniendo dos fundamentos falaces e incomprensibles desde el punto de vista tcnico y de la probidad pblica, primero, que en caso de materializarse la declaratoria de Zona Tpica provocara un serio perjuicio al desarrollo del Puerto, abonando que la referida empresa destinar casi 20 hectreas en el extremo oriente de Barn para usos de exclusivo beneficio ciudadano mediante el desarrollo de un proyecto inmobiliario con su socio Mall Plaza S.A., y segundo, que la declaratoria patrimonial monumental generara una supuesta cesanta en los trabajadores portuarios al no poder concretarse los planes de expansin de la empresa. Estos fundamentos son, en primer trmino, falaces, pues Empresa Portuaria Valparaso, con conocimiento y a sabiendas que existen espacios suficientes para destinar al uso portuario primario dentro del Borde Costero de su propiedad, que en modo alguno resultan incompatibles con el uso, patrimonial, ciudadano y urbano del mismo como lo fue histricamente, los ha destinado nica y exclusivamente a este ltimo, desafectando parte del recinto portuario con infraccin a la ley 19.542, tal es el caso del proyecto inmobiliario de uso privado y no pblico -como sostiene- que pretende ejecutar con su socio Mall Plaza S.A. en el sector Barn en el cual, por cierto, de paso se margina de su objeto social habiendo pactado directamente utilidades de un proyecto inmobiliario, hecho indito en una Empresa del Estado cuyo objeto social se encuentra fijado por ley, revelando que la verdadera finalidad de la destruccin pretendida de los Almacenes Fiscales de la Armada no es el desarrollo portuario sino salvaguardar el denominado proyecto Puerto Barn del que obtendr jugosas utilidades. Se convoca al respecto, circunstancia cuyos detalles se allegarn en prxima denuncia, cual es la Modificacin efectuada al Plan Intercomunal de Valparaso para dar cabida a este dantesco negocio inmobiliario entre una empresa privada y una empresa del Estado, en cuyos planos oficiales del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo se aprecia claramente que se redujo en grandsima cabida el espacio destinado a actividad portuaria, error de gestin que hoy pretende ser salvado mediante la demolicin de parte del patrimonio de la humanidad. Es ms, este fundamento argido por Empresa Portuaria Valparaso y el Sistema de Empresas Pblicas es tan falaz, que incluso en los espacios que no han sido destinados ilegalmente a la construccin del Proyecto Puerto Barn se encuentra el predio destinado al edificio institucional de Empresa Portuaria Valparaso y sus dependencias, de mayor cabida que el de los Almacenes Fiscales, por lo que no se advierte la tozudez de estos ejecutivos en destruir estos inmuebles si podran demoler los de su propiedad sin daar el derecho a la educacin que compromete a la Nacin toda, como se sealar. Por su parte, el fundamento de la supuesta cesanta que la declaracin monumental generara en los trabajadores portuarios tambin es falso, de falsedad absoluta. Lo que realmente genera cesanta es el sistema de operacin portuaria conocido como MONOOPERADOR, en que la movilizacin de carga en el frente de atraque es realizada por una nica empresa de muellaje, a diferencia de la regla general, el sistema MULTIPOPERADOR, que es el sistema de operacin portuaria donde las distintas empresas de muellaje (estiba y desestiba) pueden prestar sus servicios en un mismo frente de atraque. El sistema MONOOPERADOR es establecido como excepcional en la ley 19.542, pues esta legislacin resguarda la libre competencia dentro del mercado portuario, que este sistema de operacin limita, restringe o elimina. Sin embargo, las empresas portuarias del Estado, entre ellas la de Valparaso, por polticas y decisiones superiores, han generado las condiciones fsicas y jurdicas para facilitar la autorizacin de funcionamiento del sistema de operacin portuaria MONOOPERADOR en los recintos portuarios de su propiedad por los organismos competentes, fomentando la concentracin del mercado portuario en dos o tres grandes grupos econmicos, con grave perjuicio a la libre competencia, y consecuencialmente a los trabajares portuarios y a los pequeos y medianos empresarios de nave, de quienes dependen laboralmente la grandsima mayora de aqullos. En la situacin puntual de los Almacenes Fiscales de la Armada, lo que acontece es que Empresa Portuaria Valparaso pretende extender la concesin bajo SISTEMA MONOOPERADOR que actualmente tiene adjudicado al Terminal Pacfico Sur, dependiente del grupo Von Appen, hacia los terrenos aledaos, que son precisamente aquellos donde se encuentran ubicados los edificios que nos ocupan, eludiendo convocar a nueva licitacin para tales efectos. Los efectos adversos y no beneficiosos en los trabajadores portuarios -como se pretende convencer de manera mendaz- que lo anterior provocara en el trabajo portuario, constan a este organismo contralor, que debe tener presente que el primer proceso de concesiones portuarias bajo sistema MONOOPERADOR del ao 2000, entrada recin en vigencia la ley 19.542, gener una serie de movilizaciones sociales de los trabajadores portuarios a lo largo del pas que culminaron en acuerdos con el Gobierno de la poca para la obtencin de pensiones de gracia y planes de reconversin laboral a cientos de trabajadores cesantes, mediante la utilizacin de una cantidad millonaria de fondos pblicos, cuya administracin irregular origin al menos formalizacin en juicio de cuentas seguido por Contralora en contra de algunos funcionarios de la Subsecretara de Transportes de la poca, entre ellos el ex subsecretario don Patricio Tombolini Vliz y don Manuel Rengifo, actualmente miembro del Sistema de Empresas Pblicas, organismo dependiente de CORFO que hoy promueve la destruccin de los Almacenes Fiscales de la Armada. No pretendemos involucrar a este organismo de control en una materia que no es de su competencia, la referente al sistema MONOOPERADOR y MULTIOOPERADOR, con los problemas de integracin vertical y horizontal, que competen a otros organismos y a la Jurisdiccin, como la Fiscala Nacional Econmica y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, sino informar al Sr. Contralor cmo una empresa del Estado, con el auxilio de otros organismos pblicos, infringiendo la ley, crea las condiciones tcnicas y jurdicas para llevar adelante estos procesos econmicos monoplicos. Entonces, Empresa Portuaria Valparaso, el Sistema de Empresas Pblicas, mediante una avasalladora campaa comunicacional, han pretendido convencer a la ciudadana de una falsa contradiccin entre desarrollo econmico portuario y proteccin del derecho a la educacin, como si en el caso de Valparaso ellos resultaren incompatibles, y el segundo fuere impedimento para el primero, lo que es falso de falsedad absoluta, siendo en verdad un intento de los directivos de aquella empresa del Estado de salvar errores gigantescos de gestin, como abundaremos en denuncia que haremos llegar al Sr. Contralor General prximamente sobre materias relacionadas con la modificacin de los Planes Reguladores, a la que solicitaremos acumular esta presentacin. Ahora bien, hemos precisado lo anterior, con el objeto nico de dejar constancia de la falsedad de los fundamentos argidos por Empresa Portuaria Valparaso para incentivar la demolicin de los Almacenes Fiscales de la Armada, pues el vicio real en la especie lo constituye la circunstancia que estos aspectos econmicos o de gestin portuaria no son de competencia ni del Consejo de Monumentos Nacionales ni de la Ministro de Educacin, por lo que no se advierte cmo llegaron Empresa Portuaria Valparaso, el Comit de Sistema de Empresas Pblicas y el propio Intendente Regional a concluir que tanto uno u otro tenan facultad para excederse de sus facultades en la dictacin de sus respectivos actos administrativos, en razn de materias que no dicen relacin en lo absoluto con sus competencias legales, cuales son los aspectos econmicos y de gestin portuaria, de competencia de otras instituciones y organismos del Estado, cuyos funcionarios y directivos son los primeros convocados no slo a respetar la Ley de Monumentos Nacionales sino a hacerse responsables de la gestin proba y de inters pblico por la que el Estado participa en la actividad empresarial. Asimismo, con posterioridad al acuerdo de 11 de julio que se pronuncia aprobando la declaratoria de zona tpica, es ingresada solicitud vergonzosa de dejar fuera a los Almacenes surgida de la mismsima Municipalidad de Valparaso, vinculada a gestiones que realiza la Armada para vender los Almacenes a la Empresa Portuaria Valparaso, cuyo objetivo es demolerlos para habilitar sectores de contenedores. Con fecha 8 de octubre del ao 2007 el Colegio de Arquitectos Regional Valparaso solicita al Consejo de Monumentos Nacionales, entre otros, Iniciar igual procedimiento para declarar en la categora Monumento Histrico a los siguientes conjuntos de valor histrico, arquitectnico, urbano y cultural que expresan la realidad portuaria fundamental de la ciudad, cuyo fundamento son los otorgados por UNESCO con la Nominacin de 2003: a).Cuatro Almacenes Fiscales, emplazados al nor-poniente del rea Histrica UNESCO En sesin de 10 de octubre del ao 2007 el Consejo de Monumentos Nacionales decidi no dar lugar a la solicitud de la Municipalidad de Valparaso de dejar fuera de la propuesta de ampliacin Zona Tpica rea UNESCO a los Almacenes Fiscales. Luego de or a representantes de diversas organizaciones sindicales, y previa solicitud de Empresa Portuaria Valparaso al respecto, con fecha 08 de Noviembre prximo pasado el Consejo de Monumentos Nacionales acuerda en sesin extraordinaria Se propone como solucin separar en dos segmentos la solicitud de ampliacin de la ZT, es decir continuar con el proceso de declaratoria de la ZT dejando pendiente el sector que comprende los AAFF. Lo anterior, mientras se recibe la propuesta de EPV en el plazo solicitado por el Sr. Germn Correa a la Sra. Ministra de Educacin, y considerando adems el recabar mayores antecedentes al tenor de los sealado y de lo que piden los trabajadores. La sistematizacin de los acuerdos es la siguiente: 1. En virtud de la peticin de los trabajadores portuarios se recabar el informe requerido al Ministerio del Trabajo y al Sistema de Administracin de Empresas del Estado. 2. Por de pronto, se pedir a la Ministra de Educacin la dictacin del Decreto Exento de declaracin de la ZT excluyendo los almacenes fiscales. (Este punto fue materia de la votacin cuyo resultado fue 11 votos a favor, y uno en contra). 3. Se acoge la solicitud de la EPV en el sentido de dar un plazo de 90 das para presentar una propuesta alternativa. Sin perjuicio de ello, lo ptimo es que dicha propuesta sea presentada a la brevedad, considerando adems que el Ministerio del Trabajo deber aportar el informe solicitado. Mediante ordinario 0030/2008 de 03 de enero del presente ao, el Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales solicita a la Sra. Ministro la dictacin del correspondiente decreto exento, en los trminos que propusiera Empresa Portuaria Valparaso, que concibe incluir slo un almacn en la zona tpica, el correspondiente a la imprenta, y excluir los otros tres. Mediante acuerdo sesin de 16 de enero prximo pasado, el Consejo de Monumentos Nacionales, por 7 votos contra 3, resuelve en el sentido de proteger los Almacenes Fiscales de Valparaso que nos ocupan, extendiendo para ello la Zona Tpica propuesta. Sin embargo, con fecha 05 de febrero doa Yasna Provoste Campillay dicta el DS 453/2008 MINEDUC, que es publicado el da 17 de marzo en el Diario Oficial, excluyendo a tres de los cuatro Almacenes Fiscales de la Armada de Chile de la zona tpica o pintoresca segn propuesta de Empresa Portuaria de Valparaso, incurriendo en responsabilidad, facilitando de este modo su adquisicin y pretendida destruccin por aquella empresa para reemplazarlos por explanada de acopio de contenedores. Posteriormente, y casi 60 das despus de la sesin de enero, el Consejo de Monumentos Nacionales ha sido nuevamente convocado para el mes de abril a tratar el tema de los Almacenes Fiscales de la Armada. Para referencia del Sr. Contralor, los inmuebles cuya demolicin se pretende por supuestamente amenazar el progreso portuario, son los de las siguientes imgenes fotogrficas:  HYPERLINK "http://www.plataformaurbana.cl/wp-content/uploads/2008/03/1808087146_almacenes_fiscales.jpg" \o "almacenes fiscales" \t "_blank"  INCLUDEPICTURE "http://www.plataformaurbana.cl/wp-content/uploads/2008/03/1808087146_almacenes_fiscales.thumbnail.jpg" \* MERGEFORMATINET   HYPERLINK "http://bp1.blogger.com/_YJMBvzHP2eI/RxEv685LPZI/AAAAAAAAADU/8WGFD_T6TEo/s1600-h/MC0007063.jpg"  INCLUDEPICTURE "http://bp1.blogger.com/_YJMBvzHP2eI/RxEv685LPZI/AAAAAAAAADU/8WGFD_T6TEo/s320/MC0007063.jpg" \* MERGEFORMATINET   INCLUDEPICTURE "http://www.subir-fotos.com/fotos/8b/5bef266e73.jpg" \* MERGEFORMATINET   INCLUDEPICTURE "http://www.mercuriovalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20080203/imag/FOTO20020080203074115.jpg" \* MERGEFORMATINET  Ntese que en esta ltima fotografa se advierte claramente la contigidad territorial de los inmuebles con el rea del recinto portuario actualmente concesionada al Terminal Pacfico Sur. Si bien no aparece en la imagen, hacia el extremo derecho de la misma se encuentra el predio que alberga el edificio institucional de Empresa Portuaria Valparaso y sus estacionamientos, igualmente contiguo al rea de concesin y de mayor cabida, como hemos sealado, que el del rea de los Almacenes Fiscales. IV.- FUNDAMENTOS Y SOLICITUD. 1.- Ilegalidad del acuerdo de 08 de Noviembre del ao 2007 del Consejo de Monumentos Nacionales por exceder de sus competencias legales. 1.1.- El Consejo de Monumentos Nacionales es un organismo de la Administracin del Estado, por definicin, de carcter tcnico conforme lo dispone el art. 2 inciso I de la ley 17.288, cuyas funciones tcnicas consisten en la tuicin y proteccin de los Monumentos Nacionales definidos en el art. 1 de la misma. En consecuencia, sus competencias en cuanto a la materia dicen relacin con cuestiones tcnicas, y a ello se circunscriben sus funciones. Especficamente respecto de las Zonas Tpicas o Pintorescas sus facultades tcnicas consisten en pronunciarse sobre la conveniencia de mantener el carcter ambiental y propio de ciertas poblaciones o lugares donde existieren ruinas arqueolgicas o ruinas o edificios declarados Monumentos Histricos para los efectos de solicitar se declare por Decreto Supremo de inters pblico la conservacin y proteccin de su aspecto tpico o pintoresco. El Consejo de Monumentos Nacionales se ha pronunciado y expresado su voluntad ha decidido- sobre la conveniencia que la zona tpica y pintoresca incorpore los cuatro Almacenes Fiscales de la Armada por sus valores ambientales y propios, en acuerdo sesin de 11 de julio 2007, decisin que a este respecto no ha sido modificada en sesin de 08 de noviembre, sino que en esta ltima ha incorporado una resolucin referida a la omisin de los efectos jurdicos de su pronunciamiento, en razn de materia ajena a su competencia tcnica, inmiscuyndose en la discusin acerca de materias econmicas y de gestin portuaria accediendo a influencias indebidas, segn expone, separar en dos segmentos la solicitud de ampliacin de la ZT, es decir continuar con el proceso de declaratoria de la ZT dejando pendiente el sector que comprende los AAFF. Lo anterior, mientras se recibe la propuesta de EPV en el plazo solicitado por el Sr. Germn Correa a la Sra. Ministra de Educacin, y considerando adems el recabar mayores antecedentes al tenor de los sealado y de lo que piden los trabajadores. A mayor abundamiento, el Consejo de Monumentos Nacionales, conforme art. 34 de la ley 19.880, debe realizar actos de instruccin que son aqullos necesarios para la determinacin, conocimiento y comprobacin de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse el acto, y el acto, en la especie acuerdo 11 de julio no revocado por acuerdo 08 de noviembre, debe pronunciarse y se ha pronunciado sobre la conveniencia tcnica de mantener los caracteres ambientales y propios de la zona donde se encuentran los Almacenes Fiscales de la Armada, edificios en extremo notables, excedindose el Consejo al exteriorizar un acto administrativo que deja entregados los efectos de sus decisin a la evacuacin de datos sobre materias ajenas a tal competencia tcnica, sin perjuicio de resultar manifiestamente inoportunos y procesalmente improcedentes, como se sealar ms adelante. La misma disposicin contina expresando que los interesados en el procedimiento tienen derecho a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervencin, o constituyan trmites legal o reglamentariamente establecidos. El interesado en el procedimiento desde ya siempre puede ser odo, y as lo confirma el art. 2 del Instructivo sobre Zonas Tpicas o Pintorescas. Pero una cosa es que el interesado sea odo, y otra muy distinta es que se d lugar a las actuaciones propuestas que no digan relacin con la competencia tcnica del rgano, y adems, fuera de los trminos procedimentales. En ejercicio de su derecho a ser odo el o los interesados podrn sealar, manifestar o informar lo que crean conveniente a sus intereses, incluso barbaridades como las que se han odo de parte de Empresa Portuaria Valparaso y el Sistema de Empresas Pblicas en el procedimiento que nos ocupa, pero cuestin radicalmente distinta es que el rgano, el Consejo de Monumentos Nacionales, pronuncie un acto administrativo que no se circunscribe al mbito material de actuacin que le corresponde, como ha acontecido, acogiendo las excentricidades a las que hemos aludido. Asimismo el art. 37 de la ley 19.880 nos informa que Para los efectos de la resolucin del procedimiento, se solicitarn aquellos informes que sealen las disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para resolver... Los informes legalmente establecidos y aquellos necesarios a que alude la disposicin dicen relacin con el mbito material de actuacin del rgano, pues son peticionados para resolver, esto es, para pronunciarse y manifestar su voluntad, lo que slo puede hacer dentro de sus competencias materiales que en la especie son de carcter tcnico sobre la conveniencia de mantener el carcter ambiental y propio de un lugar, consecuencialmente los informes deben circunscribirse a la misma materia. Contraviniendo lo sealado, los informes solicitados al SEREMI del Trabajo y a Empresa Portuaria Valparaso, a la Armada de Chile antes y en la misma sesin de 08 de noviembre, adems de peticionarse alterando el procedimiento, manifiestamente exceden el mbito material de actuacin del Consejo de Monumentos Nacionales, y en mrito de la materia a la que se refieren ha decidido ilegalmente privar de los efectos jurdicos al acto, supuestamente de manera provisoria pero que ha resultado definitiva. Baste la sola lectura de los ordinarios 6193/2007 y 6446/2007 dirigidos por el Consejo de Monumentos Nacionales tanto al SEREMI del Trabajo como al Presidente del Directorio de Empresa Portuaria Valparaso para corroborar lo sealado. A ninguno de estos organismos se les solicita informacin tcnica sobre la conveniencia o no de mantener el valor ambiental y propio de los Almacenes Fiscales de la Armada. Tanto es as, que el acuerdo de 08 de noviembre revela la pretensin del Consejo se le entregue informacin respecto a materias ajenas a sus competencias tcnicas en virtud de las cuales pueda fundamentar la decisin futura definitiva de solicitar o no a la Ministro la dictacin del respectivo decreto. Lo expuesto resulta irredargible a la luz de lo sealado en el art. 5 inciso II de la ley 17.288 que faculta al Consejo de Monumentos Nacionales solicitar asesora a otros especialistas para casos determinados, disposicin que se encuentra en la norma que regula las sesiones y acuerdos, lo que es armnico con su naturaleza tcnica. En definitiva, el acuerdo sesin de 08 de noviembre prximo pasado del Consejo de Monumentos Nacionales es nulo, as como los actos precedentes en que se funda de lo organismos singularizados y sucesivos a dicha sesin, por haberse excedido este organismo en sus competencias legales, incorporando materias ajenas a sus facultades por las que ha privado de los efectos jurdicos a su decisin, con infraccin de los art. 6 y 7 de la Constitucin Poltica del Estado, vicio esencial antecedente de la dictacin del DS 453/2008 MINEDUC que termina excluyendo a tres de cuatro edificios monumentales de la zona tpica o pintoresca. 1.2.- Como consecuencia de haberse involucrado en el conocimiento de materias ajenas a su competencia tcnica, el Concejo de Monumentos Nacionales decide omitir el ejercicio de sus atribuciones y deberes legales, lo que no pudo hacer sino infringiendo la ley. En efecto, de vuestro conocimiento que los actos administrativos de los rganos pluripersonales son actos administrativos que se denominan acuerdos conforme art. 3 incisos II y VII de la ley 19.880, armnico con el art. 5 inciso I de la ley 17.288. Precisa el art. 8 de aquella legislacin procedimental administrativa que Todo el procedimiento administrativo est destinado a que la Administracin dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestin de fondo y en el cual exprese su voluntad. La decisin, en consecuencia, se forma con el pronunciamiento de fondo y la expresin de la voluntad. Armnico con lo sealado, nos informa el art. 29 de la ley 17.288, que el acto administrativo terminal del rgano Consejo de Monumentos Nacionales consiste en el pronunciamiento sobre la cuestin de fondo y expresin de voluntad acerca de la conveniencia o no de mantener los caracteres ambientales y propios de una zona o lugar, cuyo efecto jurdico es la atribucin para solicitar o no al Ministro de Educacin la declaracin que reviste inters pblico para la Nacin conservar y proteger sus caracteres tpicos o pintorescos mediante Decreto Supremo, lo que se realiza materialmente mediante trmite del secretario ejecutivo conforme art. 3 de la ley 17.288. El Consejo de Monumentos Nacionales no posee discrecionalidad en orden a los efectos jurdicos de su decisin, pues si bien la disposicin del art. 29 de la ley 17.288 utiliza el verbo rector podr para referirse a la atribucin de solicitud de dictacin del Decreto Supremo al Ministro de Educacin, revelador es que la conjugacin verbal est referida a una habilitacin, una autorizacin, que se otorga para el caso que se constaten estas circunstancias y el Consejo apruebe, no poseyendo potestades discrecionales a este respecto, y consecuencialmente no pudiendo decidir omitir efectuar esta solicitud al Ministro por la va de suspender sus efectos. Lo expuesto resulta irrefutable a la luz del artculo 6 de la ley 17.288, que precisa en su numeral primero Son atribuciones y deberes del Consejo de Monumentos Nacionales: 1.- Pronunciarse sobre la conveniencia de declarar Monumentos Nacionales los lugares, ruinas, construcciones u objetos que estime del caso y solicitar de la autoridad competente la dictacin del decreto supremo correspondiente. El acuerdo de fecha 08 de noviembre excede manifiestamente las competencias del Consejo de Monumentos Nacionales, pues conforme artculo 6 de la ley 17.288 estas revisten el doble carcter de atribucin y deber, utilizando el legislador la conjuncin copulativa y, esto es, la conducta administrativa est determinada por dos verbos rectores conjuntamente. A la vez, el N 1 del art. 6 vuelve a utilizar la conjuncin copulativa y para sealar que el Consejo de Monumentos Nacionales tiene la atribucin y deber de pronunciarse sobre la conveniencia de declarar Monumentos Nacionales, y la atribucin y deber de solicitar a la autoridad la dictacin del decreto correspondiente. Lo relevante en lo que nos ocupa, es que el acuerdo de 08 de noviembre decide separar en dos segmentos la solicitud de ampliacin de la Zona Tpica, es decir, continuar con el proceso de declaratoria de la Zona Tpica, excluyendo provisoriamente el sector que comprende los Almacenes Fiscales mientras se recibe la propuesta de Empresa Portuaria Valparaso en el plazo solicitado por el Sr. Germn Correa a la Sra. Ministro de Educacin, dejando pendiente a su respecto la solicitud de ditacin del decreto, lo que implica sostener que decide omitir la atribucin y el deber que le impone la conjuncin copulativa y del art. 6 de la ley 17.288, careciendo de validez dicho acto por cuanto es una competencia que la ley no le otorga, que infringe los art. 6 y 7 de la Ley Fundamental. 1.3.- La decisin de omitir sus atribuciones legales por el Consejo de Monumentos Nacionales se encuentra vinculada indisoluble y necesariamente a la de arrogarse por el mismo acto la atribucin ilegal de sujetar la solicitud de dictacin del decreto a una condicin, una eventualidad, que lo es la recepcin de contrapropuesta en el plazo de 90 das solicitado por el Sr. Germn Correa a la Sra. Ministra de Educacin e informe del SEREMI del Trabajo, pues no existen los actos administrativos condicionales. Resultado de lo anterior es que el pronunciamiento de 11 de julio queda sujeto en cuanto a su cumplimiento a una condicin. El pronunciamiento del Consejo de Monumentos Nacionales es un acto administrativo, terminal, favorable o desfavorable, y puro y simple, cuyo nico efecto jurdico es que una vez exteriorizado slo autoriza y obliga solicitar al Ministro de Educacin la dictacin del Decreto Supremo que declare de inters pblico los caracteres tpicos o pintorescos de un lugar, nada ms, efecto expresamente contemplado por los art. 29 y 6 N 1 de la ley 17.288. El Consejo de Monumentos Nacionales, al haber decidido omitir parcial y provisoriamente su obligacin de solicitud de dictacin del Decreto Supremo a la espera de evacuacin de informes y contrapropuesta en sesin de 08 de noviembre pasado, ha mutado la naturaleza jurdica pura y simple del pronunciamiento de 11 de julio, que se ha transformado en condicional, sujetndolo a una eventualidad, a una condicin, no querida ni permitida por la ley, la evacuacin de informes referidos. Confirma lo sostenido, la circunstancia que el art. 37 de la ley 19.880, ya citado, informa que Para los efectos de la resolucin del procedimiento, se solicitarn aquellos informes que sealen las disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para resolver.., lo que implica que los informes del Consejo de Monumentos Nacionales pudieron solicitarse para pronunciarse, pero no para solicitar la dictacin del decreto respectivo, y al haberlo hecho de esta ltima manera ha sometido el efecto jurdico de su decisin al evento de la evacuacin de los mismos, lo ha sujetado a una condicin, en vez de resolver como expresa la ley, sin condiciones. A mayor abundamiento, el nico acto administrativo que encontramos en la legislacin que podramos asimilar a condicional, es la Resolucin de Calificacin Ambiental de la ley 19.300, que puede ser un acto administrativo puro y simple o sujeto a condiciones, en que la ley faculta a la COREMA respectiva a establecer condiciones o requisitos de mitigacin al proyecto o actividad sometido a evaluacin. En el caso de la Resolucin de Calificacin Ambiental, el legislador facult expresamente al rgano para establecer estas condiciones, cuestin radicalmente distinta al Consejo de Monumentos Nacionales que no posee tal potestad otorgada por ley. Esto es, cuando los actos administrativos son condicionales, expresamente la ley los ha autorizado. En definitiva, palabras simples, el Consejo de Monumentos Nacionales slo pudo resolver acogiendo o rechazando en el pronunciamiento, total o parcialmente, pero no pudo, sino excedindose en sus competencias legales, someter a condiciones los efectos jurdicos de aquella decisin, lo que implica que el acuerdo de 08 de noviembre es ilegal por infraccin de los art. 6 y 7 de la Constitucin Poltica, vicio esencial que origina la dictacin del DS 453/2008 MINEDUC excluyendo los cuatro Almacenes Fiscales de la Armada del rea de la zona tpica o pintoresca. 1.4.- En consecuencia, el acuerdo sesin de 08 de noviembre del Consejo de Monumentos Nacionales es nulo de nulidad absoluta al haberse arrogado el rgano facultades para conocer materias ajenas a su competencia tcnica en fundamento de las cuales ha decidido omitir sus obligaciones y atribuciones legales de solicitar la dictacin del Decreto Supremo correspondiente y sometido los efectos jurdicos de su acto administrativo terminal pronunciamiento de 11 de julio del 2007 a una condicin, en flagrante contravencin de los art. 6 y 7 de la Constitucin Poltica del Estado, vicio esencial que fundamenta la dictacin del DS 453/2008 MINEDUC que excluye a tres de los cuatro Almacenes Fiscales del rea de la zona tpica. 2.- Ilegalidad del DS 453/2008 MINEDUC por incompetencia de la Ministro de Educacin para haberlo dictado 2.1.- La potestad del Ministro de Educacin se encuentra restringida por las competencias que la Constitucin y la ley le confieren en cuanto a la materia. De esta manera, el artculo 19 N 10 de la Constitucin Poltica de la Repblica al establecer la garanta a todas las personas del derecho a la educacin, establece en su inciso VI que es deber del Estado la proteccin e incremento del Patrimonio Cultural de la Nacin y el artculo 1 de la Ley N 18.956, seala precisamente como uno de los objetivos del Ministerio de Educacin, valga la redundancia, la proteccin e incremento del patrimonio cultural de la Nacin. En consecuencia, la competencia en cuanto a la materia del Ministro de Educacin para la dictacin del Decreto Supremo, previa solicitud del Consejo de Monumentos Nacionales conforme ley 17.288, dice relacin nica y exclusiva con el inters pblico que reviste la proteccin e incremento del patrimonio cultural de la Nacin en cuanto garanta del derecho a la educacin, nada ms, estando impedido de ejercer su atribucin en relacin a materias que exceden sus competencias legales conforme art. 6 y 7 de la Constitucin Poltica, como son los aspectos econmicos o de gestin portuaria que Empresa Portuaria Valparaso y el Sistema de Empresas Pblicas han incorporado y la Ministro ha acogido en la dictacin del DS 453/2008, que entre otros, se funda en el acuerdo de 08 de noviembre del ao 2008 del Consejo de Monumentos Nacionales, acuerdo que como se ha sostenido con anterioridad se ha excedido en cuanto a la materia tcnica que le compete, excedindose a la vez la Ministro en el decreto dictado en su mrito. Por su parte, manifiesta y pblicamente el DS 453/2008 ha sido dictado en virtud de informe evacuado por Empresa Portuaria Valparaso, expresando la Ministro su voluntad de excluir a tres de los cuatro Almacenes Fiscales del rea de la zona tpica segn lo solicitara aquella empresa del Estado, materia ajena a las facultades como Ministro respecto a la proteccin del patrimonio cultural en cuanto garanta del derecho a la educacin. Dispone el art. 3 inciso II de la ley 19.880 que son actos administrativos las decisiones formales que emitan los rganos de la Administracin del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pblica, es decir, es requisito esencial que el acto administrativo constituya la manifestacin de las competencias otorgados a la autoridad, la proteccin e incremento del Patrimonio Cultural de la Nacin, lo que visiblemente no ha acontecido respecto de la materia en el DS 453/2008 MINEDUC, y la nica manera de hacerlo era dando cumplimiento al acuerdo de 11 de julio o al de 16 de enero que subsana el ilegal de 08 de noviembre, pero ha decidido infringir los art. 6 y 7 de la Carta Magna de la Repblica considerando en el Decreto Supremo este ltimo acuerdo que excede con creces las competencias tcnicas materiales del Consejo de Monumentos Nacionales, omitiendo el de 16 de enero que subsana las ilegalidades, decidiendo finalmente excluir a tres de los cuatro Almacenes Fiscales por la va de incorporar un plano al decreto que precisa los lmites segn propuesta de Empresa Portuaria Valparaso en mrito de materias que no dicen relacin con el derecho a la educacin que compromete a todos los habitantes de la Nacin. 2.2.- Debemos, a la vez, efectuar la consideracin que la expresin rgano no es unvoca en la ley 18.575 ni en la legislacin administrativa de Derecho Pblico. La ley 19.880 tampoco nos entrega una definicin legal de rgano. La expresin es utilizada omnicomprensivamente como elemento lingstico del texto de derecho positivo relacionado con una serie de trminos tales como rgano, organismo, persona, entidad, autoridad, etc., aunque siempre referido a un conjunto o grupo de competencias. La competencia la crea una norma jurdica y determina el mbito de actuacin. La competencia es constitutiva del rgano. El trmino rgano identifica a conjuntos de competencias que actan como sujetos jurdicos, como operadores jurdicos, creacin del orden jurdico. Tales sujetos son cmulos de competencias que actan como personas jurdicas o bien como fracciones de competencia dentro de personas jurdicas, esto es, como rganos Conforme tenor literal del art. 2 de la ley 17.288, sin duda alguna el Consejo de Monumentos Nacionales es un rgano de la Administracin del Estado, y no una unidad administrativa del Ministerio de Educacin. Las competencias especficas, atribuciones y facultades, estn consignadas en la ley 17.288 conforme se ha expuesto, autorizndolo a exteriorizar actos. As lo confirma la propia definicin contenida en el art. 2 inciso I: un organismo tcnico que depende directamente del Ministerio de Educacin Pblica. La precisin dicha reviste relevancia jurdica, por cuanto revela que los pronunciamientos sobre la conveniencia de declarar Monumentos Nacionales no son una mera opinin consultiva del rgano que agotan sus efectos al interior del Ministerio de Educacin, en cuyo caso el Consejo de Monumentos Nacionales sera una unidad administrativa, y no un rgano de la Administracin. Por el contrario, sus acuerdos son decisiones revestidas de potestad pblica, actos administrativos vinculantes, que se exteriorizan, pues se trata de un rgano de la Administracin del Estado. Manifiestamente el Decreto Supremo que dicta la autoridad competente conforme art. 6 N 1 de la ley 17.288 es la manera de cumplir el acto decisorio terminal del Consejo respecto de un Monumento Nacional, que lo es el pronunciamiento. Es decir, el pronunciamiento es el acto administrativo decisin terminal sobre conveniencia de mantener los caracteres ambientales y propios de un lugar, que se cumple mediante otro acto administrativo de jerarqua superior que declara de inters pblico la proteccin y conservacin de sus caracteres tpicos o pintorescos, que es el Decreto Supremo, lo que demuestra que la atribucin del Ministro de Educacin a este respecto encuentra fundamento nica y exclusivamente en la jerarqua de este acto por el inters pblico comprometido y no en la circunstancia que se le atribuya una potestad decisoria por sobre la del propio Consejo, debiendo existir, por lo tanto, coincidencia material entre el pronunciamiento del rgano y el decreto que en su mrito se dicta. En efecto, as consta en primer lugar de las normas legales y constitucionales mencionadas en el numeral anterior, siendo palmario que la atribucin otorgada al Ministro de Educacin para dictar el Decreto Supremo correspondiente, en cuanto autoridad competente, encuentra su fundamento en el inters pblico que la declaratoria de zona tpica o pintoresca reviste, necesariamente vinculado al derecho a la educacin garantizado constitucionalmente, que compromete a la Nacin toda, y no en la circunstancia que pueda entrar a pronunciarse por sobre el Consejo de Monumentos Nacionales. Abona lo sostenido, la circunstancia que el Ministro de Educacin es miembro del Consejo de Monumentos Nacionales, y an ms, le corresponde presidirlo conforme art. 2 letra a) ley 17.288, resultando aqul vinculado por el acto administrativo de ste en cuanto integrante del rgano, lo que resulta relevante jurdicamente y demuestra que la atribucin para cumplir el acuerdo encuentra su fundamento en la naturaleza jurdica del Decreto Supremo atendido el inters pblico comprometido y no en que pueda decidir por sobre las competencias del Consejo A su vez, la ley seala que la solicitud de dictacin del decreto se efecta a la autoridad competente, que respecto de los Decretos Supremos slo lo es un Ministro de Estado quien acta por orden del Presidente de la Repblica, debiendo considerarse que la ley 19.880 en su art. 3 inciso IV lo define como la orden escrita que dicta el Presidente de la Repblica o un Ministro "Por orden del Presidente de la Repblica", sobre asuntos propios de su competencia, lo que debe armonizarse con lo prescrito en el art. 35 inciso II de la Constitucin Poltica. Ello significa que el Ministro de Educacin dicta el Decreto Supremo nica y exclusivamente porque es la autoridad competente por la naturaleza de este acto administrativo, jerrquicamente superior, y no porque se le atribuya potestad para adoptar una decisin distinta a la de rgano. No empece lo sealado, la circunstancia que la solicitud del secretario ejecutivo adoleciere del mismo defecto, por cuanto es ste un acto de mero trmite que le compete a dicho funcionario segn art. 3 de la ley monumental, por el cual se tramitan los efectos jurdicos del acuerdo, por el cual slo se habilita al Ministro dictar el Decreto Supremo, y en la especie los nicos pronunciamiento vlido del Consejo sobre la materia lo ha sido el de 11 de julio prximo del ao 2007, en conocimiento y a la vista de la Ministro doa Yasna Provoste Campillay al dictar el DS 453/2008 MINEDUC, que no ha sido revocado por acuerdo de 08 de noviembre prximo pasado, siendo ilegal su decreto al no coincidir materialmente con el pronunciamiento del Consejo que preside y no pudo sino excedindose en su atribuciones legales haberlo dictado, infringiendo los artculos 6 y 7 de la Ley Fundamental. As lo ha confirmado la Contralora General de la Repblica al sealar en dictamen 7722/1990 que devuelve decreto de educacin que sustituye dto. 919/85 educa art/1 num/4, porque no existe coincidencia entre el acuerdo del Consejo de Monumentos Nacionales a que se refiere oficio del vicepresidente ejecutivo de ese organismo, adjuntado, y el texto de este decreto. 2.3.- Relevante es asimismo precisar para los efectos que nos convocan, que el acuerdo sesin de 08 de noviembre decide otorgar un trmino para que informes y contrapropuesta de otros organismos fueren evacuados, pues mantiene intacto el pronunciamiento de 11 de julio del ao 2007. Esto es, no tuvo por acogida desde ya y a todo evento la contrapropuesta de EPV, pues si as fuere inoficioso hubiere sido siquiera solicitarla, y tan as es que el Consejo de Monumentos Nacionales una vez evacuada dicha contrapropuesta sesiona para conocer su contenido con fecha 16 de enero del ao 2008 y la rechaza, acordando que la solicitud de declaratoria debe ser ntegra e incorporar los cuatro Almacenes Fiscales de la Armada en la Zona Tpica propuesta, acuerdo que de haberse dado cumplimiento hubiere permitido subsanar las ilegalidades de la sesin extraordinaria de 08 de noviembre, pero el camino escogido fue otro muy distinto, y hoy ocasiona grave perjuicio. Conforme lo expuesto, el DS 453/2008 MINEDUC de doa Yasna Provoste Campillay ha acogido en su contenido la contrapropuesta de Empresa Portuaria Valparaso consistente en excluir de la zona tpica a tres de los cuatro Almacenes Fiscales a lo que ni siquiera el acuerdo ilegal de 08 de noviembre la facult, y sin considerar el acuerdo de 16 de enero, lo que significa que de facto la Ministro de Educacin ha modificado el pronunciamiento de 11 de julio, entrando a conocer y pronunciarse, arrogndose atribuciones que slo competen al Consejo de Monumentos Nacionales, cuales son el pronunciamiento acerca de la conveniencia de mantener el carcter ambiental y propio de ciertas poblaciones o lugares. El Ministro de Educacin no puede avocarse al conocimiento como tal de las mismas materias acerca de las que se ha pronunciado ya el Consejo de Monumentos Nacionales, pues disposicin alguna ni legal ni constitucional se lo permiten, resultando el pronunciamiento acerca de los caracteres ambientales de los cuatro Almacenes Fiscales de la Armada de exclusiva competencia de ese rgano. Entenderlo de otro modo importa asumir que el procedimiento se conoce en nica instancia y por sobre un rgano que es el de primera instancia. El procedimiento administrativo no es slo un instrumento de ordenacin burocrtica, tambin sirve de instrumento de garanta para los particulares, en la especie, los comparecientes y la Nacin toda. En este sentido, debemos sealar que la avocacin como manifestacin del ejercicio o delegacin de las competencias es un instituto que no se encuentra contemplado en el ordenamiento jurdico administrativo interno. La avocacin tiene lugar cuando un rgano determinado, por un acto administrativo propio, y fundndose en razones de orden jerrquico, adquiere una competencia que materialmente coincide con la de un rgano inferior y sobre la base de que tal competencia del inferior est contenida, en s, en la del rgano superior. Por la avocacin, como es de vuestro conocimiento, las competencias administrativas o su ejercicio se transfieren, de manera que el rgano superior asume el ejercicio de las competencias propias de sus rganos inferiores jerrquicos, avocndose al conocimiento y decisin de cualquier cuestin concreta. Incluso en la doctrina administrativa comparada, en las legislaciones que el instituto de la avocacin se contempla, ste se encuentra vedado cuando la competencia del inferior sea exclusiva y cuando se trate del pronunciamiento previo de una materia tcnica que deba cumplirse obligatoriamente, como en la especie el previo pronunciamiento del Consejo de Monumentos Nacionales. En el caso que nos ocupa, mediante dictacin de DS 453/ MINEDUC 2008 la Ministro de Educacin doa Yasna Provoste Campillay, por va de hecho, manifiestamente se ha avocado al pronunciamiento de la misma materia que conoci el Consejo de Monumentos Nacionales, accediendo a las pretensiones indebidas de Empresa Portuaria Valparaso, lo que excede sus atribuciones legales, infringiendo los art. 6 y 7 de la Constitucin Poltica, y resultando por ende nulo su acto. 2.4.- A su vez, de vuestro conocimiento que la Convencin sobre Proteccin del Patrimonio Mundial y Cultural fue aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en su 17 reunin, realizada en Pars en Noviembre de 1972, suscrita por Chile y ratificada por Decreto Ley 3.056 de 1979, publicado en el Diario Oficial el 16 de enero de 1980. Es decir, la Convencin es ley de la Repblica, obligatoria para todas las personas y funcionarios, autoridades y organismos del Estado, de cuya sola lectura se constata que la obligacin de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en el territorio nacional le incumbe primordialmente al Estado parte conforme art. 3 y 4, en la especie Chile, de conformidad a los mecanismos jurdicos que el ordenamiento jurdico contemple por su propio esfuerzo y hasta el mximo de los recursos de que disponga. En nuestro pas el recurso jurdico del que dispone el Estado es la ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales y as lo reconoce el propio Ministerio de Educacin en la Postulacin del casco histrico de la ciudad puerto de Valparaso a la lista del patrimonio mundial. La referida Convencin contempla la inscripcin de ciertos bienes en una lista denominada del Patrimonio Mundial cuyo efecto jurdico es que permite optar a la cooperacin internacional para la conservacin del bien inscrito, pero que no significa en modo alguno que los bienes no inscritos no tengan un valor universal excepcional para fines distintos de los que resultan de la inscripcin en estas listas, que tiene un componente esencialmente de cooperacin internacional en el mbito de la conservacin y de la asistencia tcnica. De este modo el Estado de Chile, representado por las entonces Ministros de Educacin y Relaciones Exteriores, seoras Mariana Aylwin y Soledad Alvear, respectivamente, efectu la Postulacin del denominado casco histrico de la ciudad puerto de Valparaso para su inscripcin en la lista referida en el artculo 11 N 2 de la Convencin, resolviendo favorablemente, por su parte, el Comit del Patrimonio Mundial de la Organizacin de las Naciones Unidas para la Educacin, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en su XXVII Reunin Ordinaria, realizada entre el 30 junio al 5 de julio de 2003 en Pars, Francia, por unanimidad, la inscripcin del un Sector del rea Histrica de la ciudad-puerto de Valparaso en la Lista del Patrimonio Mundial, lo que facilit al Estado optar y obtener del Banco Internacional de Desarrollo BID- un millonario crdito en dlares para la conservacin del bien inscrito. Conforme lo dispone el artculo 13 N 2 de la referida ley de la Repblica que lo es la Convencin, la cooperacin internacional se extiende inclusive a los bienes que las investigaciones preliminares hayan demostrado que merecen ser proseguidas, tal es el caso de la infraestructura portuaria, entre las que se encuentran los cuatro Almacenes Fiscales singularizados, por cuanto el Comit de la UNESCO resolvi expresa y textualmente Estimular al Estado Parte a continuar sus esfuerzos en orden a inventariar y proteger la infraestructura relacionada a los usos histricos del sector portuario y de los sistemas de transporte y Alentar adems (further encourages) al Estado Parte a desarrollar planes de manejo y conservacin (conservation management plans) en toda el rea martimo portuaria. Lo anterior no significa sino que los Almacenes Fiscales fueron identificados por la propia UNESCO como parte del patrimonio mundial, reconocido y aceptado por el Estado de Chile, constatndose tal circunstancia durante el proceso de postulacin, razn por la cual, sin perjuicio de incorporar en la Lista del artculo 11 N 2 de la Convencin al denominado casco histrico de la ciudad de Valparaso, la UNESCO determin que el Estado de Chile debe perseverar en su accionar para inventariar y proteger la infraestructura histrica portuaria, con lo que resulta que la declaracin de sta como Monumento Nacional en la categora de Zona Tpica o Pintoresca es la forma como el Estado de Chile cumple con la obligacin de la Convencin de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en el territorio nacional, pudiendo incluso optar a la cooperacin internacional para tales efectos, no siendo facultativo para el Ministro de Educacin la dictacin del decreto, sino perentorio. A su vez, el propio Consejo de Monumentos Nacionales en sesin de 11 de julio del ao 2007 ha identificado tcnicamente estos inmuebles con valor ambiental y propio y la sesin de 08 de noviembre no ha discutido ni revocado este pronunciamiento, estando fuera de toda duda que los Almacenes Fiscales de la Armada otorgan un valor ambiental y propio al lugar, pues son en extremo notables segn informara doa Paulina Kaplan Depolo en representacin de la Municipalidad de Valparaso, siendo nicamente la obligacin de la Ministro dictar el decreto que los proteja, nada ms. Lo burlesco es que la lectura del DS 453/2008MINEDUC invoca precisamente el pronunciamiento de UNESCO y acto seguido, al resolver, lo desconoce, lo que no slo es ilegal sino una agresin a la probidad pblica. 2.5.- Por lo tanto, el DS 453/2008 MINEDUC dictado por doa Yasna Provoste Campillay es nulo de nulidad absoluta en razn de haberse arrogado atribuciones que slo competen al Consejo de Monumentos Nacionales, a cuyos pronunciamientos se encuentra jurdicamente vinculada, infringiendo por esta va su competencia legal de proteger e incrementar el patrimonio cultural de la Nacin en cuanto garanta del derecho a la educacin y cumplimiento de los tratados internacionales suscritos por Chile, en grave contravencin de los art. 6 y 7 de la Ley Fundamental. 3.- Infraccin del Consejo de Monumentos Nacionales y de la Ministro de Educacin de las normas que reglan el procedimiento administrativo. 3.1- La ley 17.288 no establece un procedimiento para la declaratoria de una Zona Tpica o Pintoresca. El Ttulo II del Instructivo de Zonas Tpicas o Pintorescas en su art. 2 slo reglamenta los requisitos de la solicitud, entre ellos la consideracin de la la opinin de los propietarios en el rea a ser declarada y de autoridades locales, comunales, provinciales, regionales o de aquellas que se estime procedente. Como lo sealamos, el rgano no es responsable de las opiniones de los interesados, pero s de las decisiones que en su mrito adopta. Por su parte, el art. 18 inciso I de la ley 19.880 seala que El procedimiento administrativo es una sucesin de actos trmite vinculados entre s, emanados de la Administracin y, en su caso, de particulares interesados, que tiene por finalidad producir un acto administrativo terminal, armnico con el principio conclusivo del art. 8 de la misma ley dentro de las disposiciones de bases- que ya hemos citado y que convocamos nuevamente: Todo el procedimiento administrativo est destinado a que la Administracin dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestin de fondo y en el cual exprese su voluntad. Y el inciso II del mismo art. 18 agrega que El procedimiento administrativo consta de las siguientes etapas: iniciacin, instruccin y finalizacin. Concordante con lo anterior es el art. 3 de Instructivo sobre Zonas tpicas o Pintorescas precisa Luego de estudiados los antecedentes de la declaracin, el Consejo de Monumentos Nacionales, previo acuerdo, podr solicitar al Ministerio de Educacin la dictacin del decreto correspondiente lo que resulta concordante con el art. 29 de la ley 17.288. El instructivo no contiene otras normas procedimentales ms que las sealadas, y la ley 17.288 slo contiene algunas disposiciones aisladas a las que nos referiremos enseguida. Consecuencia de lo sealado, el procedimiento administrativo aplicable en la especie es el establecido en la ley 19.880 segn lo establecen sus art. 1 y 2. 3.2.- El procedimiento administrativo en la especie fue iniciado a solicitud de parte, la Ilustre Municipalidad de Valparaso , mediante ingreso N 4116 de 28 de junio del ao 2007, teniendo este rgano capacidad para actuar conforme art. 20 de ley 19.880, y legitimacin activa conforme art. 21 N 1 de la misma legislacin y artculo 2 inciso I del Instructivo sobre Zonas Tpicas o Pintorescas. A la solicitud, el ayuntamiento porteo acompa antecedentes tcnicos, y documentos donde constaba la opinin favorable de propietarios del sector, e incluso de la Unin Comunal de Juntas de Vecinos. Con fecha 11 de julio del ao 2007 el Consejo de Monumentos Nacionales se pronuncia acogiendo ntegramente la solicitud, siendo ste el acto administrativo terminal del procedimiento, cuyo efecto jurdico lo era la atribucin y deber de solicitar al Ministro de Educacin la dictacin del Decreto Supremo correspondiente. Esta atribucin se cumple por un acto de trmite que la ley 17.288 encarga al Secretario Ejecutivo en su artculo 3 al sealar que este funcionario es el encargado de tramitar los acuerdos. Entre el acto decisin y el acto cumplimiento hay un solo acto de trmite, el del Secretario Ejecutivo. El primero caus inmediata ejecutividad pues conforme art. 51 de la ley 19.880 Los actos de la Administracin Pblica sujetos al Derecho Administrativo causan inmediata ejecutoriedad, salvo en aquellos casos en que una disposicin establezca lo contrario o necesiten aprobacin o autorizacin superior, y en la especie no hay disposicin alguna que sujete el pronunciamiento del Consejo de Monumentos Nacionales a la aprobacin o autorizacin superior ni menos alguna que le prive de su ejecutoriedad. La ley 17.288 no seala plazo para que este funcionario cumpla con su obligacin. Pero s la ley 19.880. Esta legislacin procedimental precisa, en primer lugar, la obligatoriedad de su cumplimiento en el art. 23 en que se lee Los trminos y plazos establecidos en sta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de la Administracin en la tramitacin de los asuntos, as como los interesados en los mismos, y luego agrega el art. 24 en sus incisos I y II que El funcionario del organismo al que corresponda resolver, que reciba una solicitud, documento o expediente, deber hacerlo llegar a la oficina correspondiente a ms tardar dentro de las 24 horas siguientes a su recepcin. Las providencias de mero trmite debern dictarse por quien deba hacerlo, dentro del plazo de 48 horas contado desde la recepcin de la solicitud, documento o expediente. A su vez, es el Secretario Ejecutivo el encargado de extender las actas conforme mismo art. 3 de la ley monumental, y consta que la extendi el mismo da 11 de julio del ao 2007, fecha del pronunciamiento aprobatorio. As las cosas, el Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales no slo recibi el documento a que alude el inciso II del art. 24, sino que l mismo lo extendi, debiendo haber dado cumplimiento a su obligacin de dictar en el trmino de 48 horas la providencia tendiente a tramitar el pronunciamiento, a ms tardar desde que fue aprobada el acta, obligacin que por misteriosas razones omiti, hasta el acuerdo ilegal de 08 de noviembre prximo pasado, casi cuatro meses despus, en cuyo mrito solicita con fecha 03 de enero pasado mediante ordinario 0030/2008 a la Ministro de Educacin la dictacin del respectivo decreto que termina excluyendo a tres de los cuatro Almacenes Fiscales de la Armada. Lo anterior significa que el ordinario 0030/2008 es ilegal porque el acuerdo de 08 de noviembre es ilegal, y mal se puede cumplir lo que la ley no permite, pues dispone el art. 62 del Estatuto Administrativo que si el funcionario estimare ilegal una orden deber representarla por escrito, y si el superior la reitera en igual forma, aqul deber cumplirla, lo que en la especie no aconteci de ningn modo. Si bien la disposicin dice relacin con la responsabilidad administrativa y no con la validez del acto, lo cierto es que al no representar la ilegalidad del acuerdo al Consejo, y darle cumplimiento, ha dictado un acto administrativo que carece de validez, tanto porque es consecuencia necesaria de una acto nulo -el acuerdo de 08 de noviembre- como porque en s mismo es ajeno a la competencia del secretario ejecutivo que es slo tramitar los acuerdos, la decisin terminal, que es una sola, la de 11 de julio del ao 2007. A su vez habiendo subsanado el Consejo de Monumentos Nacionales la ilegalidad de 08 de noviembre por medio de acuerdo de 16 de enero del ao presente, el secretario ejecutivo no subsan a la vez su ilegalidad, permaneciendo hasta la fecha en la omisin. Como podr observar el Sr. Contralor General, en la triste historia de los Almacenes Fiscales de la Armada, el personaje representado por el secretario ejecutivo que cumple un rol secundario en la ley 17.288 se ha trasformado en protagonista de las ilegalidades, habilitando a la Ministro de Educacin doa Yasna Provoste Campillay para dictar el DS 453/2008. 3.3.- El acto administrativo terminal, conforme nos ensean los art. 18 y 40 de la ley 19.880 requiere la previa tramitacin del procedimiento, mediante una sucesin de actos trmites vinculados entre s, que son previos, no a posteriori, pues tienen por objeto la dictacin, al final, del acto administrativo que expresa la voluntad. Para estos efectos, el rgano, en la especie el Consejo de Monumentos Nacionales, conforme inciso II del art. 34 de la ley 19.880 debe realizar actos de instruccin que Se realizarn de oficio por el rgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervencin, o constituyan trmites legal o reglamentariamente establecidos, pudiendo solicitar los informes a que se refiere el art. 2 del Instructivo de Zonas Tpicas o Pintorescas, y art. 5 inciso II de la ley 17.288 todos los cuales tienen por objeto que el rgano competente al momento de la decisin terminal cuente con todos los antecedentes, segn lo informa el art. 34 inciso I de aquella legislacin procedimental administrativa Los actos de instruccin son aqullos necesarios para la determinacin, conocimiento y comprobacin de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse el acto armnico con el art. 3 del Instructivo de Zonas Tpicas o Pintorescas que precisa Luego de estudiados los antecedentes de la declaracin, el Consejo de Monumentos Nacionales, previo acuerdo, podr solicitar al Ministerio de Educacin la dictacin del decreto correspondiente. Confirma lo sostenido la circunstancia que el inciso I del art. 37 de la ley 19.880 seala que Para los efectos de la resolucin del procedimiento, se solicitarn aquellos informes. En la especie, se han infringido groseramente tales disposiciones, por cuanto los actos de instruccin no han sido solicitados ni dictados segn el orden procedimental preestablecido, sino todos y cada uno con posterioridad a la resolucin final, el pronunciamiento de 11 de julio del ao 2007, adems de otorgarle a Empresa Portuaria Valparaso un plazo de 90 das para evacuar su informe de contrapropuesta, accediendo a la peticin de ste, infringiendo lo dispuesto en el inciso IV del art. 23 de la ley 19.880 que establece un plazo obligatorio mximo de 10 das, lo que revela irrefutablemente la instrumentalizacin de estos trmites como un mecanismo para discutir asuntos que tienen instancias regladas y previas de contradictoriedad, que han facilitado la dictacin del perjudicial DS 453/2008 MINEDUC. Corrobora lo sostenido que por sesin de 10 de octubre el Consejo de Monumentos Nacionales rechaz la solicitud de la Municipalidad de Valparaso en orden a excluir los Almacenes Fiscales de la Armada, decisin respecto de la cual se interpuso recurso jerrquico por algunas organizaciones de trabajadores, instigadas por Empresa Portuaria Valparaso. Ahora bien, efectuando la prevencin que desconocemos el tenor exacto del recurso as como de la sesin de octubre, que no se encuentra en la pgina WEB del Consejo de Monumentos Nacionales, y habiendo solicitado estas informaciones ha sido un peregrinaje inoficioso el intento siquiera de obtener esta documentacin que es pblica, lo cierto es que el recurso jerrquico en la especie es manifiestamente improcedente pues requiere, antes que nada, la legitimacin activa del que lo interpone, esto es, tener el inters que respecto de los terceros que no han iniciado el procedimiento slo puede serlo el de los N 2 y 3 del art. 21 de la ley 19.880, los cuales exigen perentoriamente que deben tener derechos que puedan resultar afectados con la decisin conforme N 2, o tener intereses y apersonarse antes de la resolucin definitiva del asunto, decisin y resolucin definitiva de fecha 11 de julio del ao 2007, sin que haya constancia que los recurrentes se hubieren apersonado con anterioridad en el procedimiento. Asimismo, el recurso jerrquico exige la interposicin perentoria dentro del plazo de 5 das, y en la especie el acto decisorio y su correspondiente acta son de fecha 11 de julio, por lo que el recurso jerrquico es manifiestamente extemporneo. Con seguridad se sostendr al respecto que el recurso ha sido interpuesto contra la resolucin del Consejo de Monumentos Nacionales de 10 de octubre, sin embargo este es un acto de trmite por el cual se rechaza el vergonzoso acto del municipio de desistirse parcialmente de su solicitud respecto de los Almacenes Fiscales, no es un pronunciamiento en los trminos del art. 29 y 6 N de la ley 17.288, y como es de vuestro conocimiento dispone el art. 15 inciso II de la ley 19.880 que los actos de mero trmite son impugnables slo cuando determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensin, y en el caso ninguna de las exigencias normativas se cumple respecto del acto sesin de octubre, pues el procedimiento se encontraba concluido el 11 de julio, mal podra impedir el acto su continuacin, menos produjo indefensin de quienes jams se apersonaron durante la tramitacin del mismo. Resulta relevante para abonar lo sostenido tener en consideracin la naturaleza jurdica de este recurso, que nos informa el art. 59 por su intermedio la autoridad puede modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado, disposicin que debemos armonizar con lo sealado por el art. 10 de la ley 18.575 que prescribe Se podr cuando proceda, el recurso jerrquico, ante el superior correspondiente., lo que importa que slo cuando resulte procedente se puede solicitar a la autoridad superior la modificacin o reemplazo del acto o dejarlo sin efecto, y la ley 19.880 nos indica en el inciso IV de su artculo 59 algunos de los actos contra los cuales no procede este recurso en referencia nicamente al rgano del que han emanado, que no es el nico criterio a considerar, sino la naturaleza del acto impugnado. En tal sentido, de estimarse procedente el recuso, implicara que la misma autoridad que preside el Consejo de Monumentos Nacionales, el Ministro de Educacin, se encuentra facultada para modificar, reemplazar o dejar sin efecto el pronunciamiento de ese Consejo efectuado conforme art. 29 y 6 N 1 de la ley 17.288, lo que resulta insostenible a la luz de lo sealado precedentemente en cuanto el Ministro se encuentra vinculado jurdicamente a la decisin de este rgano, a lo que nos remitimos expresamente fin evitar reiteraciones inoficiosas. Por su parte, la Municipalidad de Valparaso pblicamente instigada por Empresa Portuaria Valparaso solicit con posterioridad al pronunciamiento del Consejo de Monumentos Nacionales de 11 de julio, excluir los Almacenes que nos ocupan, lo que ostensiblemente resultaba extemporneo adems por cierto de vergonzoso, por cuanto si bien conforme art. 42 de la ley 19.880 Todo interesado podr desistirse de su solicitud, no es menos cierto que ello slo puede acontecer antes del trmino del procedimiento, pues precisamente una de las formas de concluirlo es por medio del desistimiento conforme art. 40 de la misma legislacin. A la vez, el Colegio de Arquitectos Regional Valparaso efectu solicitud al Consejo de Monumentos Nacionales respecto de la declaratoria, entre otros inmuebles, de los Almacenes Fiscales en la categora de Monumento Histrico, de naturaleza jurdica distinta a la Zona Tpica o Pintoresca. Considere el Sr. Contralor General que la ley 17.288 regula los Monumentos Nacionales, estableciendo diversas categoras de los mismos, que pueden serlo Monumentos Histricos, Zonas Tpicas o Pintorescas, Santuarios de la Naturaleza, etc. La solicitud, en consecuencia del Colegio de Arquitectos, si bien persigue tambin la obtencin de la calidad jurdica de Monumento Nacional de estos inmuebles, lo es en una categora claramente diferenciada respecto de la Zona Tpica, cual es la de Monumento Histrico. Una y otra categora no son en modo alguno incompatibles sino todo lo contrario, segn se lee en el art. 29 de la ley 17.288. Claramente las solicitudes, si ingresan separadamente, deben tramitarse tambin en procedimientos administrativos separados, aunque nos informa al respecto el art. 33 de la ley 19.880 que El rgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciacin, podr disponer su acumulacin a otros ms antiguos con los que guarde identidad sustancial o ntima conexin, o su desacumulacin. En la especie, manifiesto es que ambos procedimientos, guardan ntima conexin, en el punto de los Almacenes Fiscales de la Armada, pero no pueden acumularse para los efectos de culminar en una sola decisin porque el primero se encontraba finalizado con fecha 11 de julio y el segundo fue iniciado slo en octubre del ao 2007, debiendo concluir necesariamente en pronunciamientos independientes, que reiteramos, son absolutamente compatibles entre s. Baste la lectura del acta de sesin extraordinaria de 08 de noviembre para constatar que visiblemente se ha producido una confusin de procedimientos, y que de facto ha sido acumulada la solicitud del Colegio de Arquitectos a los actos de instruccin e informes irregulares solicitados con posterioridad al pronunciamiento de 11 de julio, como si se tratare de un trmite ms. El acto culmine de este procedimiento kafkiano lo es la comparecencia de una parte que no estaba legitimada activamente conforme N 1, 2 y 3 del art. 21 de la ley 19.880 segn mismos fundamentos ya expuestos, para nada ms y nada menos que ofrecer una contrapropuesta: Empresa Portuaria Valparaso. Los rganos de la Administracin del Estado slo pueden actuar dentro de su competencia y en la forma que la ley prescribe, siendo irrenunciable el ejercicio de sus competencias legales, por lo que no se advierte -y excsenos por lo coloquial en esto el seor Contralor General de la Repblica- quien le dijo o de donde sac el Sr. Germn Correa, presidente del Directorio de Empresa Portuaria Valparaso, que el Consejo de Monumentos Nacionales era una instancia de negociacin donde poda transar patrimonio por espacio portuario, pues es un rgano de la Administracin del Estado, cuyo objeto y fines estn precisados en la ley, no es la bolsa de valores ni una empresa privada. nicamente nos lo explicamos como un acto temerario, fundado en la ignorancia inexcusable de las normas legales de quien cumple una funcin pblica. Lo peor es que el Consejo de Monumentos Nacionales accede a esta temeridad, dictando la Secretara Ejecutiva acto de instruccin ordinario 6446/2007, y luego la Ministro el DS 453/2008 MINEDUC. El procedimiento de contrapropuesta ni siquiera es nulo, sino simplemente inexistente, por lo grosero en cuanto a su improcedencia, y es la prueba ostensible y a la vista de la manipulacin del procedimiento administrativo para acomodarse a intereses indebidos. Manifiestamente la contrapropuesta y su acto administrativo consecuencia DS 453/2008 MINEDUC entorpecen gravemente el servicio pblico del Ministerio de Educacin, la proteccin e incremento del patrimonio cultural de la Nacin, afectando el derecho a la educacin garantizado a todas las personas, no pudiendo estimarse en modo alguno que estas autoridades han actuado coordinadamente en los trminos del art. 5 de la ley 18.575. Lo cierto es que el procedimiento administrativo, ha sido utilizado para precisamente transar la proteccin del patrimonio cultural de la Nacin por espacios de acopio de contenedores con una empresa del Estado, mediante la admisin de la comparecencia de quienes no estn legitimados, la omisin de los plazos legales, la realizacin de actos de instruccin y solicitudes de informes procesalmente improcedentes y extemporneos, que revelan no slo aisladamente considerados sino en su SECUENCIA PROCESAL un grave atentado a la probidad pblica y una agresin violenta a los art. 6 y 7 de la Constitucin Poltica de la Repblica por medio de los cuales se ha comprometido gravemente el derecho a la educacin garantizado en la Ley Fundamental. 5.- Perjuicio del DS 453/2008 MINEDUC. El Cdigo Poltico ha expresado las bases del sistema democrtico, asegurando un conjunto de derechos sociales, que la doctrina califica como aquellos bsicos de solidaridad social, los que las leyes se han encargado incluso de desarrollar en algunos aspectos, instaurando lo que se conoce actualmente como un Estado Social de Derecho, en que el Estado asume principal o subsidiariamente ciertas obligaciones y deberes para con las personas, proclamndose incluso que en el aspecto econmico se ha adoptado una poltica social de mercado. Estas ideas han sido reforzadas expresando que el ejercicio de la soberana reconoce como limitacin el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, asegurando que incluso los preceptos legales que por mandato de la Constitucin regulen o complementen las garantas que sta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrn afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio ( inciso segundo del artculo 5 y N 26 del artculo 19). Es deber de los rganos del Estado respetar y promover tales derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, pudiendo generar las responsabilidades pertinentes las acciones u omisin que los afectaren. Es posible, en consecuencia, descartar toda posibilidad de oportunidad o conveniencia en la adopcin de las acciones destinadas a preservar y fomentar la educacin de las personas a travs de la conservacin y proteccin del patrimonio cultural de la Nacin, ms an si la autoridad est en conocimiento y dispone de los mecanismos jurdicos para realizarlas, porque es una facultad o competencia que el ordenamiento jurdico no ha radicado en ninguna autoridad El DS 453/2008 MINEDUC, por las razones expuestas, adolece del vicio de la esencia que no es coincidente con el pronunciamiento previo del Consejo de Monumentos Nacionales ni con la obligacin del Estado de Chile de proteger el patrimonio cultural y de valor universal ubicado e identificado en su territorio, afectando de este modo directamente el derecho a la educacin que compromete a todos los habitantes de la Nacin, y ms an, a la humanidad. En efecto, los vicios incurridos, aisladamente y en su secuencia procesal han culminado en la dictacin del DS 453/2008 MINEDUC que ocasiona perjuicio a todos los habitantes de la Repblica, incluyendo por cierto a cada uno de los asociados o afiliados a las organizaciones por las cuales comparecemos, quienes desempean sus actividades laborales, sociales, gremiales o econmicas en la ciudad de Valparaso, conviviendo cotidianamente con la trama urbana donde se encuentran los cuatro Almacenes Fiscales de la Armada, todos quienes ven perjudicado el derecho a la educacin personalmente y el de sus grupos familiares, as como de las generaciones futuras. El derecho a la educacin presenta un doble carcter, derecho subjetivo pblico y derecho colectivo pblico. El primer aspecto se caracteriza porque su ejercicio corresponde, como lo seala el artculo 19 de la Carta Fundamental, a todas las personas. Y, en lo que dice relacin con el segundo carcter, es decir, derecho colectivo pblico, l est destinado a proteger y amparar derechos sociales de tipo colectivo, cuyo resguardo interesa a la comunidad toda, tanto en el plano local como en el nivel nacional, y ello es as porque se comprometen las bases de la existencia como sociedad y Nacin, pues al daarse o limitarse el patrimonio cultural y los recursos de valor histrico, se limitan las posibilidades de desarrollo educacional no slo de las actuales generaciones sino tambin de las futuras. En este sentido, su resguardo interesa a la colectividad por afectar a una pluralidad de sujetos que se encuentran en una misma situacin de hecho, y cuya lesin, pese a ser portadora de un gran dao social, no les causa un dao significativo o al menos claramente apreciable en su esfera individual. 6.- Invalidacin que se solicita. Precisado lo anterior, si el funcionario o autoridad u rgano que debe respetar la ley la infringe, afecta el PRINCIPIO DE JURIDICIDAD debe forzosamente INVALIDAR sus actuaciones contrarias a Derecho. En efecto, los vicios en que se ha incurrido son de tal entidad que afectan la naturaleza y finalidad del de rgano Consejo de Monumentos Nacionales y del Ministerio de Educacin, la proteccin del patrimonio cultural como garanta del derecho a la educacin, generando perjuicio a este derecho que compromete a la Nacin toda. En estos casos de ciertas y perjudiciales irregularidades, lo que resulta procedente por mandato Constitucional y legal es el retorno a la legalidad mediante la INVALIDACIN de los propios actos contrarios a Derecho. Resulta un principio universal que En el Derecho pblico slo se puede hacer lo que la ley expresamente autoriza, el que se encuentra plasmado en nuestro ordenamiento constitucional en el artculo 7 de la Ley Fundamental al establecer que Los rganos del Estado actan vlidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitucin o las leyes. Todo acto en contravencin a este artculo es nulo y originar las responsabilidades y sanciones que la ley seale. Por su parte, el artculo 6 de la Constitucin Poltica seala que los rganos del Estado deben someter su accin a la Constitucin y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la Repblica. Los preceptos de esta Constitucin obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos rganos como a toda persona, institucin o grupo. La infraccin de esta norma generar las responsabilidades y sanciones que determine la ley De esta ltima disposicin surge un deber orgnico y funcional, a saber: a) Desde el punto de vista orgnico, como la norma no distingue, ella es obligatoria respecto de todos los rganos del Estado, sean estos de carcter legislativo, jurisdiccional, gubernamental y administrativo, de control y econmico, sin excepcin alguna, de lo cual se dej expresa constancia en la Comisin de Estudios de la Carta Poltica de 1980. b) Desde la perspectiva funcional, todas las acciones de esos rganos quedan sometidas a tal disposicin, por cierto, tambin la ley, la sentencia, el tratado, el reglamento, el acto y los contratos administrativos. La debida inteligencia de las citadas disposiciones vincula el principio de legalidad del art. 6 inciso I con el requisito de competencia legal del art. 7 inciso II, en el sentido que sea la propia administracin la que pueda revisar sus actos, sin perjuicio de las acciones jurisdiccionales a las que haya lugar. Ello tiene consagracin legal expresa en la ley 19.880 legislacin que como hemos sealado resulta expresamente aplicable en la especie-, que seala explcitamente la facultad de la administracin de invalidar sus propios actos contrarios a Derecho al establecer en su artculo 53 que la autoridad administrativa podr, de oficio o a peticin de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos aos contados desde la notificacin o publicacin del acto. Como lo ha sealado la doctrina administrativa, la expresin podr no es en esta norma el otorgamiento de una potestad discrecional al rgano administrativo sino una mera habilitacin y en consecuencia, al ser habilitacin, es una potestad que tiene que ejercer cada vez que se presente la situacin. No tiene otra alternativa, detectado el vicio tiene que invalidar, lo que no es sino confirmacin de la doctrina uniforme y constante del organismo contralor con anterioridad a la vigencia de la ley 19.880. En abono de lo sostenido, podemos agregar que la invalidacin resulta forzosa para la administracin si nos atenemos al principio de hermenutica consagrado en el artculo 22 inciso II del Cdigo Civil, segn consta en fundamentos de la Contralora General de la Repblica al informar y otorgar su aprobacin a la Cmara de Diputados respecto del que entonces era el proyecto de ley 19.880 al sostener que la invalidacin consiste en terminar o extinguir un acto vigente por la propia administracin, cuando concurre un vicio de nulidad al tiempo de su perfeccionamiento, figura reconocida sobre la base del deber de todo rgano estatal de ajustar su conducta al principio de juridicidad. As, si la administracin, de oficio o a peticin de parte, comprueba la existencia de ese vicio, no slo puede, sino que debe invalidarlo para cumplir con el artculo 6 inciso I de la Carta Poltica. Tambin, la invalidacin se recoge en ley 18.575 artculos 9 y 10, porque si los actos administrativos pueden impugnarse por los administrados mediante recursos de reposicin que siempre puede usarse y el jerrquico, es porque se razona sobre la base de que la administracin podr, si coincide con el planteamiento de los recurrentes, invalidar esos actos. Adems, si el control interno atribuido a las autoridades y jefaturas puede ser de fiscalizacin y de legalidad, es porque puede revisarse ese aspecto para llegar cuando corresponda, incluso a la invalidacin. Asimismo, el Art. 38 constitucional otorga slo a las personas lesionadas por la administracin, la posibilidad de reclamar judicialmente de esa conducta, sin que la administracin est facultada para recurrir ante los tribunales para que revisen sus propias decisiones si existiera vicio de nulidad en ellas, concordando con citado Art. 6 inciso I, que establece el principio de legalidad que obligando a todos los rganos estatales en su actuar, ha supuesto que la administracin debe invalidar sus actos no ajustados a ese principio. Por ende, deben aprobarse preceptos del proyecto que reafirman la facultad de invalidacin comentada, regulando su operacin, ya que perfeccionan el sistema legal y jurisprudencial aplicado en la materia. As consta en jurisprudencia administrativa 2196N93 de la Contralora General de la Repblica. Consecuencialmente, resulta imperativo tratndose del DS 453/2008 su invalidacin, por lo que la Ministro de Educacin no slo puede, sino debe dejar sin efecto sus actos contrarios a Derecho en el caso que nos ocupa segn lo argido, con pleno respeto del principio de juridicidad, al que se encuentra forzada. La facultad de dictaminar la invalidacin de los actos de la Administracin contrarios a derecho, mediante fiscalizacin de cumplimiento del principio de juridicidad, corresponde por cierto tambin a la Contralora General de la Repblica. IV.- COROLARIO. Asfixiados en la hoguera de las vanidades humanas, los hombres olvidan que sus cargos son en verdad cargas para servir a sus semejantes, el viejo Cicern lo saba porque nos dice desde hace siglos: Y qu, porque muchas cosas se aprueban en las naciones perniciosamente, muchas pestferamente, que no merecen el nombre de ley ms que si unos ladrones decretaran algo en una junta suya? Pues ni podrn llamarse con verdad preceptos de mdicos, si ignorantes e imperitos han recetado como saludables, cosas mortferas; ni en un pueblo, ley, aqulla que haya sido de cualquier manera, incluso si el pueblo ha aceptado, algo pernicioso. Luego, es ley la distincin de lo justo y lo injusto, expresada segn aquella antiqusima naturaleza primera de todas las cosas, a la cual se encaminan las leyes de los hombres que castigan a los malos y defienden y cuidan a los buenos. De las Leyes, II, 5. POR TANTO, venimos en solicitar al Sr. Contralor General de la Repblica: Tener por interpuesta esta solicitud y admitirla a trmite, solicitando informe al Ministro de Educacin, al Consejo de Monumentos Nacionales, al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, al Sistema de Empresas Pblicas, a Empresa Portuaria Valparaso y a la Municipalidad de Valparaso, conforme art. 9 del Dto. 2491/1964 Hacienda que Fija el texto refundido de la ley de organizacin y atribuciones de la Contralora General de la Repblica y, en definitiva, declarar ilegal la omisin en que ha incurrido la Sra. Ministro de Educacin al excluir a tres de los cuatro Almacenes Fiscales de la Armada de Chile en el DS 453/2008 MINEDUC, as como la ilegalidad de la colusin entre el Sistema de Empresas Pblicas, Empresa Portuaria de Valparaso, y la Ministro de Educacin para infringir la ley de Monumentos Nacionales, pronuncindose acerca de la obligatoriedad de la Sra. Ministro de dictar el Decreto Supremo que declare de inters pblico la zona en que se encuentran los cuatro Almacenes Fiscales de la Armada en Valparaso conforme pronunciamiento de 11 de julio del ao 2007. En subsidio de lo solicitado en la letra precedente, disponga a la Ministro de Educacin dar cumplimiento al acuerdo sesin de 16 de enero del ao 2008 que subsana ilegalidades del acuerdo de 08 noviembre, mediante dictacin de Decreto Supremo que ample la zona tpica hasta completar el rea del pronunciamiento de 11 de julio del ao 2007. Disponga fiscalizar e investigar la omisin incurrida por la actual titular de Educacin como sus antecesores legales respecto de la promocin de la educacin a travs de la proteccin y conservacin de todos los inmuebles que integran la infraestructura histrica portuaria de Valparaso, a partir de la fecha que se incorpor el casco Histrico de la ciudad-puerto a lista del art. 11 N 2 de la Convencin, particularmente respecto de la Bodega Simn Bolvar, edificio representativo de la arquitectura industrial del siglo XIX, la construccin de edificacin continua ms larga de iberoamrica. De conformidad al art. 17 letra g) de la ley 19.880, ejercer las responsabilidades administrativas respecto de todos los funcionarios pblicos que aparezcan involucrados en los hechos descritos, especialmente del Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, en su calidad de Ministro de Fe conforme art. 3 de la ley 17.288. En mrito de lo dispuesto art. 16 inciso II d DTO-2421/64 Hacienda -que fija el texto refundido de la Ley de Organizacin y Atribuciones de la Contralora General de la Repblica- que seala Tambin quedarn sujetas a la fiscalizacin de la Contralora General las empresas, sociedades o entidades pblicas o privadas en que el Estado o sus empresas, sociedades o instituciones centralizadas o descentralizadas tengan aportes de capital mayoritario o en igual proporcin, o, en las mismas condiciones, representacin o participacin, para los efectos de cautelar el cumplimiento de los fines de estas empresas, sociedades o entidades, la regularidad de sus operaciones, hacer efectivas las responsabilidades de sus directivos o empleados, y obtener la informacin o antecedentes necesarios para formular un Balance Nacional, disponer fiscalizar la actuacin de los directores y gerencia de Empresa Portuaria Valparaso para infringir la ley 17.288 y la Convencin del Patrimonio Mundial Natural y Cultural como forma de fomentar y crear las condiciones tcnicas y jurdicas de autorizacin del sistema MONOOPERADOR. En mrito de lo dispuesto en el artculo 39 de la ley 17.288 que seala los empleados pblicos que infringieren cualquiera de las disposiciones de esta ley, o que de algn modo facilitaren su infraccin estarn sujetos ala sancin penalque individualmente mereciere la infraccin cometida, poner los antecedentes a disposicin del Ministerio Pblico y del Consejo de Defensa del Estado en el evento de constatar la infraccin descrita en la norma citada, teniendo especialmente en consideracin que el concepto de empleado pblico para efectos penales es ms amplio que para efectos administrativos y civiles, conforme reiterada jurisprudencia y uniforme doctrina respecto de la acertada inteligencia del concepto penal que le otorga el artculo 260 del Cdigo del ramo que dispone Para los efectos de este Ttulo y del Prrafo IV del Ttulo III, se reputa empleado todo el que desempee un cargo o funcin pblica, sea en la Administracin Central o en instituciones o empresas semifiscales, municipales, autnomas u organismos creados por el Estado o dependientes de l, aunque no sean del nombramiento del Jefe de la Repblica ni reciban sueldos del Estado. No obstar a esta calificacin el que el cargo sea de eleccin popular. PRIMER OTROS: solicitamos al Sr. Contralor General de la Repblica tener por acompaados los siguientes documentos: Instrumentos legales que acreditan la personera en virtud de la cual comparecemos. Copia simple de minuta de carta enviada por FOLOVAP - Foro Logstico Valparaso, organizacin de hecho convocada por Empresa Portuaria Valparaso en materias logsticas, integrada mayoritarimente por los representantes de diversas instituciones pblicas porteas- en que insta a la Ministro de Educacin al no cumplimiento de sus obligaciones legales. Copia de correo electrnico en que consta que la remisin de esta carta fue instigada por el Gerente General de Empresa Portuaria Valparaso, don Harald Jaeger Karl. SEGUNDO OTROS: sin perjuicio de lo solicitado a lo principal, y aunque no tiene vinculacin directa con los hechos que nos convocan, siendo un asunto enteramente independiente de los mismos, aprovechando esta instancia y en mrito de lo establecido los art. 6 y 7 de la Ley Fundamental y ley 17.288 solicitamos al Sr. Contralor General de la Repblica disponer la fiscalizacin de la juridicidad del acuerdo sesin de 08 de noviembre del ao 2006 que crea Las Comisiones Asesoras Regionales de Monumentos Nacionales, disponible en formato digital en la pgina WEB del Consejo. Fundamenta esta solicitud la circunstancia que la creacin de los rganos del Estado as como la competencia y la forma en que actan slo puede ser fijada por la ley, por expreso mandato constitucional, no pudiendo atribuirse ningn grupo de personas la facultad de crear rganos de administracin por la va reglamentaria, que es lo que ha acontecido en el referido acuerdo, tergiversando el sentido del art. 5 inciso II de la ley 17.288, que slo faculta la asesora de otros especialistas, en las materias tcnicas de la competencia del Consejo de Monumentos Nacionales. Siendo un rgano centralizado y concentrado funcional y territorialmente, el Consejo de Monumentos Nacionales, ante la realidad de hecho que requiere modificacin legal para contar con la necesaria presencia en todo el territorio nacional, modificacin legal que no ha sido ni publicada ni promulgada, ha optado por la va reglamentaria establecer una orgnica administrativa, que en modo alguno es exclusivamente tcnica ni de especialistas, como consta del solo tenor del acuerdo, en que se incorpora la participacin de los Gobernadores Provinciales y los Intendentes, quienes integran los Consejos Asesores Regionales en su calidad de titulares de los cargos administrativos que ocupan. No discutimos la finalidad de tal acto, pero ha acontecido en que por vas de hecho son involucrados en la discusin de temas eminentemente tcnicos funcionarios que persiguen fines polticos o de Gobierno, y en los hechos resulta que en ms de una ocasin la opinin tcnica de profesionales especialistas bien intencionados que colaboran desinteresadamente, y que es la nica que la ley 17.288 faculta consultar, se desvirta por medio de votaciones que tienen motivaciones ajenas a la conservacin y proteccin del patrimonio cultural, y son estas decisiones adoptadas orgnicamente las que se ingresan al Consejo de Monumentos Nacionales como la opinin oficial de otros especialistas, y en su mrito ste se pronuncia, hecho gravsimo en cuanto a su legalidad. Ello resulta irredargible a la luz de lo sealado en este mismo acuerdo que reconoce que de facto estos Consejos Asesores Regionales ya se encontraban en funcionamiento en algunas regiones incluso con anterioridad a esta legitimacin, entre ellas la de Valparaso, en donde precisamente la validacin de esta orgnica al margen de toda legalidad facilit la destruccin de un inmueble en pleno barrio de La Matriz en el ao 2002, para instalar finalmente en su lugar en pleno barrio histrico, cuna de la ciudad, un Supermercado Santa Isabel de propiedad de CENCOSUD, con enorme perjuicio segn en su poca lo informaran los especialistas, nacionales e internacionales. Sin embargo, finalmente la autorizacin del Consejo de Monumentos Nacionales para la edificacin escenogrfica hoy instalada se produce como consecuencia de la aprobacin previa del denominado Consejo Asesor Regional, donde la discusin fue acrrima entre quienes cumplan una labor eminentemente especializada y los que representaban intereses de Gobierno o polticos, entre ellos el actual director de Empresa Portuaria Valparaso don Ral Allard, por entonces flamante intendente regional, quien se autoatribuy facultad de dejar su voto de desempate, dada su calidad de presidente, cerrado en un sobre sellado sin siquiera or los fundamentos tcnicos de los que efectivamente son especialistas. Lo expuesto revela que la nica seguridad y certeza que tenemos los ciudadanos es el respeto al principio de juridicidad, tanto en la competencia y forma de actuar de los rganos del Estado, como en su creacin orgnica, lo que manifiestamente no acontece respecto de los Consejos Asesores Regionales, siendo absolutamente ilegales su creacin reglamentaria, debiendo pronunciarse el seor Contralor General sobre la juridicidad de este acto, y la responsabilidad que les cabe a los respectivos Ministros de Educacin en su dictacin e implementacin. TERCER OTROS: en virtud del principio de inexcusabilidad consagrado en el artculo 14 de la ley N 19.880, estando forzado por ley a pronunciarse sobre las peticiones de lo principal, y para el evento de estimar que en una o ms es incompetente para ello, solicitamos al Sr. Contralor General de la Repblica remita de inmediato los antecedentes a la autoridad o funcionarios que deban conocer segn el ordenamiento jurdico. CUARTO OTROS: solicitamos al Sr. Contralor General de la Repblica tener presente que en mrito del art. 17 letra e) de la ley 19.880 designamos como forma de efectuar actuaciones y trmites en este procedimiento el correo electrnico comitededefensadevalparaiso@gmail.com, por cuanto para estos representantes resulta la forma de intervencin ms cmoda y compatible con obligaciones laborales y profesionales. QUINTO OTROS: solicitamos al Sr. Contralor General de la Repblica tener presente que en virtud de lo dispuesto en el art. 30 letra a) de la ley 19.880 designamos como forma preferente y vlida para notificar las actuaciones del procedimiento el correo electrnico comitededefensadevalparaiso@gmail.com. SEXTO OTROS: solicitamos al Sr. Contralor General de la Repblica conceder audiencia a los comparecientes para el da y hora que determine.  Dispone de innumerables estudios al respecto, que datan desde el siglo XIX, siendo el ms reciente el Informe JICA.  Hecho en actual conocimiento de los Tribunales de Justicia, causa Rol 1792-2006, Cuarto Juzgado Civil de Valparaso.  Vase especialmente los artculos 4, 6 N 1 y 2, 7, 11 N 2 y 12 de la Convencin del Patrimonio Mundial Cultural y Natural.     PAGE  PAGE 60  PAGE  PARCERE SUBJECTIS ET DEBELLARE SUPERBOS  HYPERLINK "mailto:abogadoanafullerton@gmail.com" abogadoanafullerton@gmail.com mdarmazo@gmail.com Ana Eugenia Fullerton Castro Mauro Alessandro Darmazo Araujo DARFULL LTDA. ABOGADOS  &,kp Q ` u   0 > I s ? d e f ,c7j0V÷ÕhwCJOJQJaJhN]sCJOJQJaJ+hVhV5CJOJQJ^JaJmH sH hoCJOJQJaJhVhV5CJOJQJaJ"hVhV5>*CJOJQJaJhrsCJOJQJaJhVhVCJOJQJaJ5&,jkp W   I J K q $da$gdVdgdV$ d7$8$@&H$^ `a$gdV$d7$8$@&H$a$gdV̒3q r s `a@jk]"#%%%%' $da$gdV $da$gdV$d7$8$@&H$a$gdV $da$gdVO DϷϫϫϙψvdTBT"hrshV56CJOJQJaJhVhV6CJOJQJaJ#hVhV5CJOJQJ^JaJ#hVhV6CJOJQJ^JaJ hVhVCJOJQJ^JaJ"hVhV5>*CJOJQJaJhfCJOJQJaJhrsCJOJQJaJhwCJOJQJaJhVhVCJOJQJaJ#hhwCJOJQJ\^JaJhwCJOJQJ\^JaJf"?@k ""# #$##%%%%%%%[&z&&ź~l]lQh2CJOJQJaJhw*5>*CJOJQJaJ"hVhV5>*CJOJQJaJhn CJOJQJaJ"hVhV5CJOJQJ]aJhVhVCJOJQJ]aJhVhV5>*OJQJhVhVOJQJhVhV6CJOJQJaJhrsCJOJQJaJhVhV5CJOJQJaJhVhVCJOJQJaJ&''''>'?'o'}'''(((((`))*ɶɦɖr`QA1h['CJOJQJaJmH sH h(h136CJOJQJaJhR56CJOJQJaJ"h(h(56CJOJQJaJhRCJOJQJaJmH sH 'hrsh25CJOJQJaJmH sH h2CJOJQJaJmH sH hV)CJOJQJaJmH sH $hVh13CJOJQJaJmH sH h13CJOJQJaJmH sH hVCJOJQJaJhVhVCJOJQJaJhcCJOJQJaJ'(*-26462<=LBD~GLMOPNVWXZ$d`a$gdV$d`a$gd-sO $da$gd5 $da$gd5 $da$gd' 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